01/10/2017
NOTICIA. Los servicios de salud de
Cataluña informaron a última hora del domingo 01/10/2017 , que 761 personas habían sido atendidas en hospitales con dos heridos
graves, después de que la policía trató de impedir la realización del
referéndum de autodeterminación.
Comentario
La segunda transición
española
El
conflictivo 1 de octubre del 2017 del referéndum de
autodeterminación convocado por el gobierno y el parlamento catalán en base a
la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de
república?, terminó a las 20:20 horas después que la comisión
electoral anunciará el cierre de las casillas de votación. La jornada se saldó
con 761 votantes heridos por la represión de las fuerzas de seguridad del
Estado español, de los cuales dos fueron de gravedad.
En su comparecencia ante los medios de comunicación el Gobierno Catalán a través de su Consejero
de la Presidencia y Portavoz del Gobierno Jordi
Turull i Negre, ofreció los datos del referéndum: "el ‘sí’ a la
independencia ha ganado en el referéndum del domingo con un 90% de los 2.262.424
votos emitidos. El ‘no’ ha recogido 176.565 votos, un 7,8% ; 400 colegios de 770.000
votantes tuvieron que ser precintados por culpa de la violencia". El
vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, expresaría que Cataluña “se
ha ganado el derecho de ser una nueva república si así lo decide el Parlament”.
El
gobierno Español, crítico a la policía autonómica catalana (Mossos d'Esquadra)
por no haber colaborado con las fuerzas policiales del Estado, y siguió
atrincherándose en la defensa de la legalidad vigente, un argumento
cargado de hipocresía, pues las fuerzas políticas mayoritarias de ámbito
Estatal, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) no han manifestado ningún interés en modificarla para adecuarla a la
reivindicación catalana del derecho a decidir, cuando la misma es
perfectamente modificable con el acuerdo de estos dos partidos mayoritarios en
el parlamento español, como así lo hicieron en el año 2011, por exigencia de las autoridades de
la UE, para cambiar el artículo 135 de la Constitución española en el plazo de una
semana, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y
que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier
otro gasto del Estado en los presupuestos generales.
Al
parecer para estos partidos, la legalidad constitucional vigente es
sagrada cuando se trata de atender los reclamos de la mayoría del pueblo
catalán, pero es rápidamente modificable cuando los reclamos los hace la
Comisión Europea.
Tras el
conflictivo 1 de octubre, el gobierno español trata de dar una imagen de
normalidad a la opinión política internacional y a la población del Estado
español, en la creencia de que pasado un tiempo la situación política en
Cataluña volverá a ser la de antes del referéndum del 1 de octubre, sin ver o no querer ver que la
determinación de las principales fuerzas políticas catalanas y el apoyo masivo de
la ciudadanía a su derecho a decidir ha abierto un fractura irreversible
en la constitución del 1978 surgida como resultado de la que se denominó la transición del régimen totalitario franquista a un
régimen de partidos políticos, y de un estado centralista a una organización
política autonómica.
Con el
fin de ofrecer una perspectiva histórica del actual contencioso catalán, en el
presente artículo se realiza una recapitulación de los conflictos históricos territoriales
más relevantes de España.
Conflictos históricos más
importantes entre el poder central español y las comunidades históricas de
Navarra, Vascongadas y Cataluña
Los
desencuentros entre el poder central español y las aspiraciones de autogobierno
de las comunidades históricas de Navarra, Vascongadas y Cataluña, han sido una
constante desde que los reyes de Castilla y Aragón a finales del siglo XV (conocidos
como Los Reyes Católicos) decidieran unirse en un solo reino; bajo su reinado
se puso fin a la presencia musulmana en la península ibérica tras la conquista
del Reino de Granada (1492), año que por patrocinio de estos reyes se
descubriría la primera ruta de Europa al continente que posteriormente se
denominaría América, lo que le permitió al nuevo reino castellano-aragonés
ampliar su área de influencia, la cual quedo formalmente establecida por el Tratado de Tordesillas
(1494) que dividió las tierras conocidas de ultramar entre el reino de España y
Portugal, dando inicio a la formación del imperio español que duraría hasta la
independencia de las naciones americanas a lo largo del siglo XIX.
A
principios del siglo XVI, con la llegada de la dinastía germánica de los
Austrias a la corona española, su primer Rey, Carlos I de España y V del Sacro
Imperio Romano Germánico, adoptaría el título de emperador; los dominios bajo
su regencia abarcarían gran parte de Europa y las Américas excepto Brasil que
siguió perteneciendo al Reino de Portugal de acuerdo a los estipulado en el
Tratado de Tordesillas.
La casa
de los Austrias gobernaría el imperio español durante casi dos siglos hasta principios
del siglo XVIII. En ese periodo, en el ámbito de la península ibérica, tras
varias guerras el Reino de Navarra se uniría a Castilla
(1512-1521); Portugal
formaría parte de España durante el periodo de 1580 a 1640, y entre 1640 y
1652 Cataluña permanecería desconexionada del poder de los Austrias.
En el año
1700, tras la muerte de Carlos II sin dejar descendencia, la dinastía de los
Borbones regente en Francia bajo Luis XIV aspiró a regir también los destinos
del imperio español con la imposición de su candidato Felipe V, lo que
desencadenaría unaguerra por la sucesión del trono entre la casa de los Austrias y los
Borbones (1701 -1713).
La
confrontación entre ambas dinastías se convertiría en una guerra europea y en
el interior de España en una auténtica guerra civil entre la Corona de Aragón,
partidaria de los Austrias, quienes habían ofrecido garantías de mantener el
sistema "foral" en Aragón, y la Corona de Castilla, que había
aceptado a Felipe V, cuya mentalidad era la de imponer un estado centralista
comparable al modelo de Francia. Terminada la guerra, con la derrota de los
Austrias, las leyes e instituciones propias de la Corona de Aragón fueron
sustituidas por las "leyes de Castilla", en el Decreto de Nueva
Planta de 1707 que puso fin a los reinos de Aragón y de Valencia; sólo las
Provincias Vascongadas y Navarra mantuvieron sus leyes e instituciones forales
al haberse mantenido fieles a la causa borbónica.
En el
siglo XIX, la primera ola de las revoluciones liberales de 1830 llegaría a
España. Tras la muerte del retrogrado Fernando VII, su hija Isabel sería
nombrada heredera al trono de España apoyada por la clase política burguesa
liberal partidaria de la desamortización de la tierra en poder de la Iglesia y
nobles para que las mismas pudieran ser compradas y vendidas con arreglo a las
leyes de mercado. El programa liberal conllevaría a su vez una centralización
del Estado que implicaba la derogación de los derechos históricos forales que tenían Navarra y las
Vascongadas como derecho histórico por su ayuda a la instauración de la
dinastía borbónica en España en la guerra de sucesión de principios del siglo
XVIII.
Esta
pretensión del poder central liberal chocaría con los intereses de la clase
política y propietaria de la tierra en Navarra y Vascongadas partidaria de
mantener su estatus foral, teniendo sus reivindicaciones el apoyo de Carlos
María Isidro de Borbón, hermano del fallecido Fernando VII, quien a su vez representaba
la continuación del régimen absolutista restaurado por su hermano Fernando VII
tras la derrota napoleónica en 1815.
La
confrontación entre los partidarios de Isabel (isabelinos) y de Carlos
(Carlistas) desembocaría de nuevo en una confrontación armada. La primera guerra
civil entre los carlistas y los defensores de Isabel II y de la regente María
Cristina de Borbón, tendría lugar entre 1833 y 1840, en la que se conoce como la primera guerra
carlista, a la que se sucedieron la segunda (1846-1849) y la tercera guerra
carlista (1872-1876).
Tras la
Primera Guerra Carlista el gobierno liberal no pudo suprimir los fueros de las
Vascongadas y Navarra, ya que el convenio de Vergara (1839) obligaba al estado
liberal a respetarlos. Tras la Tercera Guerra Carlista, en 1878 las provincias
vasco-navarras concretaron su autonomía a través del llamado Concierto
económico, el cual se sustenta en un acuerdo de
partes por el que los impuestos son recaudados por las administraciones (gobiernos
o diputaciones) de cada uno de los territorios históricos: Navarra; Guipuzkoa;
Bizkaia, y Araba, acordando éstos con el Estado la parte que debe recibir como
contribución de los servicios que el Estado presta a los territorios forales.
Sin embargo, en esta prolongada contienda decimonónica, Cataluña continuaría
sin conseguir ningún derecho para gestionar su economía regional.
Al final
del siglo XIX, con la emergencia de la clases burguesas industriales en Vascongadas
y Cataluña, que fueron las primeras regiones en España que despuntaron en el
proceso industrializador, las aspiraciones de autogobierno territorial fueron
ganando terreno. En Vascongadas el carlismo fue relegado por la ideología
nacionalista liderada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), basada en una
concepción del nacionalismo romántico decimonónico imperante entonces en
Europa. Sin embargo, Navarra continuaría anclada en una economía rural de
autoconsumo que mantendría inmovilizada la tradición carlista hasta mediados
del siglo XX en el que Navarra comenzaría su industrialización.
En
Cataluña al ritmo de la industrialización la floreciente burguesía abrazaría
las reivindicaciones autonómicas y, en consonancia también con la corriente
cultural decimonónica europea de buscar en la historia las raíces de la
identidad nacional, hizo de la toma de Barcelona el 11
de septiembre de 17 14 por las tropas borbónicas, el día de su fiesta nacional (Diada),
pues en la conmemoración de esa derrota subyace la reivindicación de una
nación que fue oprimida y aspira a ser libre frente al Estado que les privo de
sus derechos como nación.
Con el
advenimiento de la II República española (1931), las reivindicaciones
nacionalistas tanto vascas como catalanas cobrarían un nuevo impulso. La
república reconocería la singularidad de los territorios vasco y catalán
dotándoles de un estatuto político autonómico. No obstante, el alzamiento
militar en 1936 contra la república liderado por el general Franco con el apoyo
de las dos potencias fascistas en Europa: Alemania e Italia, daría lugar a una
guerra civil que culminaría con el triunfo fascista en 1939, abriéndose un
periodo de dictadura militar presidida por el General Franco.
Tras la
victoria de las fuerzas franquistas, el País Vasco y Cataluña perderían todo
rastro de autonomía como castigo por su posicionamiento a favor de la
república. En el caso de Navarra, la cuestión sería diferente. Este territorio
en 1936 seguía anclado en un modo de vida casi totalmente rural e ideológicamente
la población se mantenía mayoritariamente apegada a la tradición carlista. La
promesa por parte del mando franquista de que a Navarra se le respetaría sus
fueros y Convenio Económico, y el temor de gran parte de la población de
que la república pudiera atentar contra sus tradiciones culturales y
religiosas, le llevaría a inclinarse por el bando franquista. Al término de la
guerra civil Navarra mantendría sus derechos históricos forales y el Convenio
Económico, mientras que las vascongadas por primera vez en siglos los perdería.
La
dictadura franquista sobreviviría a los cambios históricos durante cuarenta
años. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el
franquismo a pesar de su lineamiento con las potencias fascistas del "eje"
no participó directamente en la contienda, aunque apoyo de diversas maneras a
la Alemania nazi. En 1945 con el triunfo de las fuerzas aliadas frente al
fascismo el régimen franquista parecía tener los días contados. Tras la
fundación de la ONU este organismo dictó un embargo de bienes y servicios a
España, a la vez que se mantenía la amenaza de una invasión de las fuerzas
aliadas para derrocar al último y único gobierno fascista existente tras la
victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Los temores por parte de las
autoridades franquistas de sufrir una invasión les llevaría a levantar defensas
por toda la frontera con Francia y a un aumento de la represión interna con
fusilamientos masivos de presos republicanos. La década oscura de los cuarenta fue
el periodo más siniestro y todavía muy poco conocido que vivió la España
contemporánea.
En los
años cincuenta la política mundial cambió. El inicio de la Guerra Fría entre
EEUU y la URSS, le llevaría a EEUU a establecer una estrecha asociación con la
dictadura franquista. Las autoridades franquistas permitieron la instalación de
bases militares estadounidenses en territorio español, a la vez que las
presiones internacionales de las democracias liberales occidentales contra el
régimen franquista se suavizaron. Los avances económicos en la década de los
sesenta le permitieron a España pasar de una economía autárquica y rural a una
industrialización progresiva. En ese contexto la oposición al franquismo tanto
interna como externamente era muy débil.
La transición del franquismo a
la constitución de 1978
Sin
embargo, la crisis económica de 1973 desencadenaría un cambio radical de la
situación política. La naturaleza estanflacionaria de la crisis traería un
frenazo al crecimiento económico y una inflación galopante que llegaría a
situarse incluso por encima del 20% anual. El movimiento obrero pareció
despertar de su letargo. La huelgas reivindicativas por temas económicos pronto
se tradujeron en huelgas políticas en favor de las libertades civiles de
asociación, huelga y manifestación, con principal incidencia en Madrid, Cataluña,
País Vasco y paradójicamente Navarra cuya base social había experimentado un
cambio profundo debido a la industrialización.
Las
fuerzas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco se sumarían a la lucha
antifranquista bajo la bandera de recuperar sus derechos territoriales
históricos. En 1975 moriría el dictador franco. Desde ese año hasta 1977 los
políticos neofranquistas apostaron por una reforma de la dictadura, pero el
movimiento político y popular abortaría tal reforma. En 1977 las principales
fuerzas políticas de la oposición franquista llegarían a un consenso para
redactar una nueva constitución que sería aprobada en 1978.
El
consenso se fundamentó en: 1. la promulgación de una ley de amnistía que
liberaba a los presos políticos antifranquistas pero a su vez establecía un
punto final para que los crímenes de la dictadura no fueran investigados ni
juzgados; 2. la restauración de la dinastía de los Borbones en la jefatura del
Estado quedando limitadas sus funciones por la constitución; 3. La promulgación
de un nuevo modelo territorial basado en la autonomía de las regiones, en el
que el País Vasco recuperaba de nuevo sus derechos forales de Convenio
Económico con el Estado, y 4. la legalización de los partidos políticos. La
constitución de 1978 a pesar de algunas discrepancias entre las comunidades
históricas y el Estado español ha venido siendo el marco de convivencia entre
las diferentes comunidades españolas durante casi cuatro décadas.
La
crisis del consenso de la constitución de 1978
La crisis
económica del 2008 abriría fuertes fisuras en la relación del Estado Español
con las dos nacionalidades de mayor raigambre histórica: Cataluña y País Vasco,
pero particularmente con Cataluña debido a que, a diferencia del País
Vasco y Navarra que disponen de competencias fiscales, Cataluña sigue
dependiendo de los presupuestos generales del Estado. La necesidad de disponer
de herramientas competenciales fiscales llevaría a una parte de la clase empresarial
catalana a reivindicarlas, proponiendo a través del gobierno catalán un cambio
en el estatuto catalán que devolviese a Cataluña sus derechos históricos
económicos arrebatados por la dinastía borbónica en la guerra de
Sucesión, pero el Estado español lejos de abrir una negociación ha venido
planteando una lucha frontal contra las pretensiones de los partidos políticos
catalanes.
El inmovilismo del derechista partido popular en el gobierno
central y la indiferencia de la monarquía borbónica con las reivindicaciones
nacionalistas llevaría en los últimos años al gobierno y a la mayoría del parlamento
catalán formado por partidos nacionalistas a una deriva hacia el soberanismo.
La masiva movilización el día de la Díada del año 2012
marcaría un antes y un después en el devenir de Cataluña. La crisis económica y
la frustración política y social ante un gobierno inmovilista negado a la
negociación del estatus catalán, desvelaría, de nuevo, el pensamiento profundo
catalán de pueblo sometido durante siglos que, a diferencia del pueblo de
origen castellano español que ha forjado su idiosincrasia en base al pasado
imperial de España y la visión centralista de sus gobernantes, la del pueblo
catalán y vasco mantiene una percepción de pueblos sometidos a un poder central
que históricamente los ha maltratado. De manera diferente, el pueblo castellano
español, con la excepción del periodo de la ocupación napoleónica, nunca ha
tenido la percepción de que la soberanía territorial estuviera en cuestión.
Esta diferente mentalidad forjada a lo largo de la historia se
ha manifestado más acentuadamente en forma de confrontación en los momentos
históricos en que las crisis económicas han agudizado las contradicciones de
intereses con el poder central. La crisis de 1929, crearía las condiciones para
que alumbrara la Segunda República y Cataluña fue la última región en rendirse
a la fuerzas fascistas del general Franco. En 1973, la crisis económica
acentuaría la crisis del franquismo y derivaría en la vigente constitución de
1978, en la misma el País Vasco mantendría una radicalidad mayor que Cataluña
en la reivindicación de sus derechos históricos en materia fiscal a través de
la figura del Convenio Económico. Cataluña accedió a la autonomía pero
sus derechos históricos económicos quedaron relegados.
Sin embargo, ahora, es Cataluña la que ante la negativa del
poder central y de la monarquía borbónica de devolverle sus derechos
históricos se muestra decidida a forjar un destino como nación soberana
dentro del marco de relaciones de la Unión Europea.
Hacia
la segunda transición constitucional
En este conflicto entre Cataluña y el Gobierno Central español
lo que ya es evidente que la profundidad del mismo ha deslegitimado la
constitución de 1978. Los intentos del gobierno del PP de rendir a las fuerzas
nacionalistas catalanas a través de un acoso político y mediático sistemático para
que vuelvan al marco constitucional, difícilmente van a conseguir que ello
ocurra, por muchas apelaciones a la aplicación de la legislación vigente.
La legalidad vigente a dejado de facto el 01/10/2017 fuera de la
ley a la mayoría de un pueblo de más de siete millones de personas por el hecho
de pretender manifestarse democráticamente y, en esta situación persistir en la
solución del contencioso político catalán levantando la legalidad vigente como
un arma de guerra, solo puede conseguir que la mayoría del pueblo catalán
persista con mayor determinación en su aspiración soberanista y, que por el
contrario, en el pueblo castellano español se destapen los sentimientos más
anacrónicos de su pasado imperial y centralista, como ya sucedió a finales del
siglo XIX cuando Cuba se proclamó independiente, y ahora sufre por las
aspiraciones de autodeterminación del pueblo catalán.
La desactivación de esta creciente polarización solamente
sería posible a través de un nuevo pacto constitucional
diferente al que se alcanzó en 1978 entre el Estado Central y las comunidades
históricas.
El nuevo pacto constitucional ya no puede sustentarse en la
tradición liberal basada en un centro que otorga derechos o fueros a
determinadas comunidades sino que tendría que fundamentarse en un pacto de partes asociadas en una misma nación según
las leyes consensuadas entre las comunidades históricas y el Estado
Central. El modelo del Reino Unido podría ser un ejemplo inspirador. En el año
2014 Escocia realizó un referéndum de autodeterminación sin que su ejercicio
significara necesariamente la independencia, tal y como sucedió por el triunfo
mayoritario de los que querían mantenerse en el marco del Reino Unido.
El 01/10/2017 ,
España ha entrado en una segunda transición en la que debiera prevalecer la
negociación para alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas más
importantes del Estado y de las nacionalidades históricas que de paso a
una nueva constitución, en la que la unidad de España esté basada en el
reconocimiento del derecho a decidir de las nacionalidades históricas.
En el caso de que las fuerzas políticas catalanas tomen el
camino de una lucha política continuada basada en la movilización política
contra la represión del gobierno del PP, la nueva transición política hacia un
nuevo marco constitucional se tornará irreversible.
Por el momento, las instituciones de la UE están claramente
del lado del gobierno español, pero con toda probabilidad, si la movilización
política de la mayoría del pueblo catalán persevera durante un largo periodo de
tiempo, las opiniones en favor de una salida negociada del conflicto catalán-español
podrían prosperar, pues la UE no va admitir un conflicto político prolongado
dentro de sus fronteras.
En el ámbito español las fuerzas políticas están sumidas en
una visión cortoplacista del contencioso de Cataluña circunscrita a los sucesos
cotidianos, sin que por el momento hayan incorporado como eje principal de su
acción política establecer un nuevo pacto constitucional que permita un
nuevo encaje histórico institucional del País Vasco y Cataluña, pero ello
también podría cambiar si persiste la movilización política popular en Cataluña.
En el caso de que se abordara la refundación constitucional, la cuestión procedimental
de como se realiza este proceso es una cuestión fundamental. El procedimiento de
la transición del franquismo iniciada con las elecciones de junio de 1977 a la asamblea
constituyente que daría lugar a la constitución de 1978, es una referencia
del camino a seguir.
Y, mientras no surjan iniciativas políticas en esa dirección, la
tendencia centrífuga de las fuerzas políticas periféricas se irá acrecentando.